viernes, 24 de febrero de 2012

Tragedia en Once

Cuando las críticas la hace alguien que simpatiza con el gobierno, la posibilidad de que sean falsas o tendenciosas es casi nula. Asimismo, cuando alguien que no simpatiza con el Gobierno reconoce determinados logros, esos logros tienen grandes chances de ser reales.


Por eso, creo que lo que dice Mario Wainfield en este artículo tiene un gran valor:

... circunscribir el problema a qué causó el accidente es reducirlo a un episodio, (ya que más allá de esta tragedia, el concesionario tiene pésimas credenciales para seguir siéndolo), entre las que se cuenta la crítica dura de los usuarios. Y lo que debe ponerse en el tapete no es, exclusivamente, ese accidente y a TBA, sino todo un sistema que cumplió varias funcionalidades desde 2003 pero que ahora deja muchos flancos vacantes.


El ministro Julio De Vido anunció que el Gobierno cooperará con la investigación judicial, que se presentará como parte querellante para dinamizar el proceso. Y, aun sin usar estrictamente esas palabras, que supeditará cualquier decisión administrativa respecto de la empresa TBA al resultado de las pericias o decisiones de los Tribunales. Dejó en claro que eso no implica ningún “esquema de protección”.

Este cronista discrepa con el criterio elegido. Los tiempos de la política son unos, muy otros los del Poder Judicial. En el Foro, máxime en materia penal, rige la presunción de inocencia. En materia política las responsabilidades se determinan con otros parámetros, más severos.
En los estrados, la Justicia a veces llega y a menudo no, pero casi siempre tarda. En política las decisiones son más acuciantes.

De nuevo: lo que está en el centro del debate no es sólo la tragedia sino el funcionamiento cotidiano de la concesión. Supongamos (no lo presumimos posible) que se comprobara en un plazo breve, de modo irrefutable, que la causa de la colisión del tren contra el parachoques no fue imputable a la empresa. En esa hipótesis, la ideal para TBA, habría que ver si las deficiencias de los vagones, la superpoblación de pasajeros no agravaron el terrible saldo de muertos y heridos. Y, además, quedarían incólumes las críticas a la obsolescencia del material rodante, a la falta de mantenimiento de las vías y barreras, a la escasez de inversión, a las condiciones de hacinamiento en que viajan los pasajeros, a las puertas abiertas durante los trayectos. Y tantos etcéteras.


El eje es que la tragedia (en mala y acaso tardía hora) acelera una agenda mucho más vasta que sus causas específicas. Y ésa es la agenda que interpela al Ejecutivo. Una misión propia que, por esencia, no se sustancia en un expediente judicial.


Nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-188277-2012-02-24.html

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